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Explican desde Arizmendi, que el nuevo procedimiento se caracteriza por la obligatoriedad de desagregar los débitos fiscales de acuerdo con la actividad económica declarada por los contribuyentes, individualizando las ventas y su apertura según la alícuota del gravamen que corresponda en cada caso
Mediante la RG (AFIP) 3711 (BO 22/1/15) la Administración Federal de Ingresos Públicos estableció una nueva metodología para la liquidación del Impuesto al Valor Agregado. Explican desde Arizmendi, que el nuevo procedimiento se caracteriza por la obligatoriedad de desagregar los débitos fiscales de acuerdo con la actividad económica declarada por los contribuyentes, individualizando las ventas y su apertura según la alícuota del gravamen que corresponda en cada caso.
Por otra parte, los datos obtenidos a través de esta nueva modalidad posibilitarán su integración con la declaración jurada de gravámenes a cargo de administraciones tributarias de otras jurisdicciones, que adhieran al servicio de recaudación del sistema OSIRIS implementado la AFIP, lo que permitirá un mayor control por parte de dichas jurisdicciones, especialmente respeto al impuesto sobre los Ingresos Brutos. En especial, verificar la base imponible de ambos impuestos no resulta ser siempre idéntica, habrá que justificar ante una verificación las diferencias resultantes entre dichas bases.
Las disposiciones establecidas en la resolución resultarán de aplicación respecto de las declaraciones juradas – originarias o rectificativas – que se presenten a partir del día 1 de julio de 2015.
En el régimen se pueden ingresar incumplimientos devengados hasta el 28 de febrero pasado, hasta en 120 cuotas a una tasa de interés del 1,9% mensual. La fecha de presentación límite para adherirse es el 30 de junio. El valor mínimo del pago por mes varia según la condición del contribuyente
La cuota más baja pasa de $429 a $519 lo que representa un aumento de hasta 20% en la cuota del régimen simplificado. El Monotributo tiene tres componentes: el impositivo, el previsional y el de obra social. Sólo el primero diferencia los importes a pagar según el monto que factura el contribuyente